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CCOO denuncia que 1 de cada 3 dependientes continúa desatendido por el Sistema de Dependencia

    El sindicato estima necesario incrementar en unos 2.400 millones de euros el presupuesto para atender la lista de espera, algo más de 400.000 dependientes, mientras que los recursos adicionales previstos en los PGE-2016 en concepto de nivel mínimo se limitan a 200 millones.

    19/05/2016.
    1 de cada 3 dependientes está desatendido por el Sistema de Dependencia

    1 de cada 3 dependientes está desatendido por el Sistema de Dependencia

     

    El secretario confederal de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, considera imprescindible que los partidos políticos que acudirán a las próximas Elecciones Generales del 26-J muestren un compromiso firme y explícito con las verdaderas necesidades de financiación que tiene el Sistema de Dependencia (SAAD).

    A juicio de CCOO, los recortes impuestos en 2012 en el marco legislativo del Sistema de Dependencia (reducción de las horas de ayuda a domicilio entre un 20% y un 60% según los grados, minoración de las cuantías de prestaciones, etc.) han tenido como verdadero objetivo rebajar el nivel de protección que ofrece el Sistema, y la minoración de financiación pública estatal que decidió el gobierno de aquel momento.

    Para CCOO, se impuso una modificación unilateral del modelo de financiación del Sistema de Dependencia, principalmente mediante una reducción lineal del 15% en los recursos que sirven para garantizar el Nivel Mínimo de financiación y la suspensión del Nivel Acordado.

    El Gobierno intentó compensar la minoración de la financiación pública incrementando el copago de los beneficiarios (que en todas las prestaciones pasó hasta un umbral máximo del 90% de su coste), pero en la práctica no ha sido un mecanismo capaz de suplir la reducción de financiación estatal del SAAD. Antes al contrario, ha servido principalmente para “expulsar” del sistema o limitar la capacidad de acceso a determinados servicios a una parte significativa de beneficiarios. Ello se ha debido en gran medida al perfil medio de estos beneficiarios; el de una mujer de 80 o más años de edad que cuenta como principal o única fuente de ingresos una pensión de viudedad que, en media, se sitúa en los 610 euros/mes; un colectivo que sin ayuda pública quedará excluido de los servicios de atención a la dependencia.

    En la actualidad el Sistema de Dependencia atiende mediante una prestación efectiva a unas 802.000 personas con un coste estimado de 7.450 millones de euros anuales, aunque todavía se encuentran en lista de espera algo más de 400.000 dependientes.

    CCOO estima que el coste adicional que tendría garantizar una prestación efectiva a todas los dependientes en lista de espera se situaría en el entorno de los 2.400 millones de euros, manteniendo los estándares de atención que actualmente ofrece el SAAD (64% prestaciones de servicios, 36% prestación económica).

    Sin embargo, el actual modelo de financiación impuesto desde los recortes de 2012 sólo garantiza recursos adicionales para atender a los dependientes en lista de espera por importe de unos 200 millones de euros, como consecuencia de la ampliación automática de crédito prevista para sufragar el Nivel Mínimo de financiación. Esta cifra supone algo menos del 1% del total de gasto estimado.

    En la práctica, el modelo de financiación del SAAD supone que las Comunidades Autónomas deben hacer frente a la diferencia entre el coste efectivo de las prestaciones y la aportación del Estado más el copago de los beneficiarios. Por ello, las CCAA que ofrecen un menor nivel de protección se ven comparativamente mejor financiadas que las que optan por incrementar la cobertura y calidad de las prestaciones.

    Para resolver esta situación, CCOO instará a todos los partidos políticos a que se comprometan de forma explícita en sus programas electorales a la recuperación de un modelo de financiación suficiente del Sistema de Dependencia. Así como que en la próxima legislatura se proceda a una evaluación del mismo en la que participen de manera amplia, las administraciones públicas tanto estatal como autonómicas, los partidos políticos y los agentes sociales, con el objetivo de revitalizar el acuerdo social y político que dio origen al modelo público de atención a la dependencia del que surgió la Ley de Dependencia en 2006.