1 de octubre de 2026. Día Internacional de las Personas Mayores. Manifiesto sindical unitario de CCOO y UGT 

Por una vejez digna: derechos, dignidad, participación y Justicia social.

Reconocimiento, aportación social y cambio demográfico: contra el falso relato del conflicto intergeneracional.

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara mediante la Resolución 45/106 el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad hace 36 años, esta fecha constituye una jornada fundamental de lucha, compromiso y reivindicación de los derechos de las personas mayores.

Las personas mayores no somos una carga ni un problema presupuestario; somos parte esencial de la sociedad, titulares indiscutibles de derechos y protagonistas de la historia reciente de nuestro país. Tras una vida de trabajo y cotizaciones, seguimos contribuyendo de forma decisiva a la cohesión social y económica mediante nuestro trabajo, experiencia, contribución fiscal, participación asociativa y aportación cotidiana en el ámbito familiar, donde el papel de abuelas y abuelos resulta imprescindible en el cuidado de nietos y en el apoyo económico intergeneracional.

España atraviesa una profunda transformación demográfica: en 2025 las personas mayores de 65 años representaban el 20,7 % de la población (frente al 17 % de principios de siglo), con un incremento acentuado del grupo de mayor de 80 años y una natalidad en mínimos históricos. Esta longevidad es un logro colectivo derivado del progreso sanitario, social y económico, y en ningún caso puede contemplarse como una amenaza ni utilizarse para justificar recortes o alimentar falsos discursos de enfrentamiento generacional.

Es imprescindible que la sociedad se oponga decididamente al falso relato del conflicto intergeneracional y a aquellos discursos que pretenden enfrentar a distintas edades o presentar el gasto social y la longevidad como un problema o una carga presupuestaria

Las personas mayores no solo han sostenido el Estado social mediante décadas de trabajo, cotizaciones e impuestos, sino que continúan aportando de forma decisiva a la cohesión social y económica manteniendo su contribución fiscal como el resto de la ciudadanía, además de mediante el cuidado cotidiano de nietos, el apoyo económico a las familias y su participación comunitaria

Por todo ello, la defensa de las pensiones públicas dignas y suficientes, de la sanidad y del sistema de atención a la dependencia no resta recursos a las personas jóvenes, sino que constituyen yacimientos importantes de empleo, protege el bienestar presente y futuro de toda la ciudadanía y afianza la solidaridad intergeneracional como uno de los pilares fundamentales del modelo social.

Deben garantizarse con el mayor rango legal/constitucional posible, los elementos claves que definen y deben definir el Estado del Bienestar: Pensiones revalorizadas, educación universal en igualdad, sanidad, atención a la dependencia y acceso efectivo a la vivienda.

Refuerzo del marco legal e institucional para garantizar una protección integral de las personas mayores

Para hacer frente a las brechas territoriales y de género que persisten durante la jubilación, exigimos una respuesta política y legislativa de primer orden:

1. Ley Integral de los derechos de las personas mayores: Exigimos la tramitación prioritaria de un marco legal específico que garantice la protección jurídica, sanitaria, de vivienda, económica y cultural de este colectivo.

2. Gran pacto social por el envejecimiento digno: Emplazamos a todas las instituciones y agentes sociales a suscribir un acuerdo de Estado que incluya también a las personas mayores en el centro de las políticas públicas de vivienda, culturales, de ocio, formación, colaboración social, … en definitiva de envejecimiento digno.

3. Participación institucional: Demandamos el fortalecimiento de órganos de participación que garanticen la contribución de las personas mayores en el seguimiento, evaluación y valoración de las políticas públicas a través de las organizaciones sindicales y las asociaciones representativas. 

Defensa del Sistema Público de Pensiones

El sistema público de pensiones de reparto y el conjunto de las pensiones (no contributivas, clases pasivas, etc.) constituye el pilar fundamental del Estado del bienestar, protege a en torno a 10 millones de personas e impulsa la actividad económica. Es necesario ponerlo en valor y defenderlo con medidas como:

- Sostenibilidad y revalorización: Garantizar la viabilidad del sistema público sobre la base del diálogo social y el Pacto de Toledo, manteniendo la revalorización anual vinculada al IPC y rechazando cualquier intento de privatización o recorte, como el conocido como “factor de sostenibilidad” que reducía la pensión inicial de las generaciones más jóvenes por efecto del alargamiento de la esperanza de vida. 

Jubilación anticipada con largas carreras de cotización: es necesario ahondar en las medidas iniciadas en las reformas de 2021 reduciendo los coeficientes reductores por jubilación anticipada, profundizando su reducción generalizada y atendiendo también a las largas carreras de cotización, con especial atención también a la perspectiva de género.

- Pensiones mínimas y brecha de género: En 2027 se terminará de implementar la garantía de suficiencia de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas acordadas en el diálogo social y el Pacto de Toledo. Estas pensiones quedarán así directamente vinculadas por Ley al umbral de pobreza y deben servir para reducir la brecha de género y proteger las carreras laborales más precarias.

Sanidad Pública: Más recursos, atención primaria y salud mental

La salud es un derecho fundamental que no puede depender de la capacidad económica ni del código postal. Ante la brecha de gasto sanitario entre comunidades (que oscila entre el 4 % y el 9 % del PIB) y el incremento de las listas de espera, reclamamos:

- Inversión presupuestaria garantizada: Elevar el gasto sanitario público y garantizar una dotación suficiente para reforzar y ampliar la capacidad de la atención primaria.

- Personal y recursos públicos: Revertir el déficit de profesionales (especialmente en enfermería) y frenar el crecimiento de los conciertos con entidades privadas (que han aumentado un 48% en la última década).

- Atención especializada e integral: Desarrollar la geriatría y la gerontología en todo el territorio, potenciar las políticas preventivas y situar la salud mental y el bienestar emocional de los mayores en primera línea de la atención pública.

Un Sistema de atención a la Dependencia digno

No podemos aceptar que una persona dependiente tenga que esperar más de 300 días para acceder a una prestación. Exigimos medidas eficaces que garanticen el acceso a las prestaciones:

• Financiación y gestión pública: Garantizar la plena financiación del sistema elevando la inversión desde el 0,8 % actual hasta el 2 % del PIB en la próxima década, acabando con las listas de espera.

• Transparencia en el copago: Regular el copago que soportan las personas usuarias de forma común en todo el sistema para que no constituya una barrera para las rentas medias y bajas.

• Servicios profesionales de calidad de gestión pública directa y sólo cuando esto no sea posible mediante conciertos públicos para garantizar el acceso de todos los ciudadanos sin que se recurra a sustituirlo por prestaciones económicas que suponen y exigen “doble copago” a las familias.

• Modelo centrado en la persona y condiciones laborales: Potenciar los servicios de proximidad, la atención domiciliaria y los centros de día/noche; garantizar ratios adecuadas y condiciones laborales dignas para el personal cuidador; y mantener una inspección y supervisión pública estricta sobre las residencias para asegurar que los cuidados nunca se subordinen a la lógica del negocio.

Entornos accesibles, erradicación de la pobreza energética e inclusión digital

Vivir más años debe significar vivir mejor y con plena autonomía en nuestros entornos habituales:

• Vivienda y entornos amigables: Fomentar la Red de Ciudades Amigables, la adaptación de viviendas y la accesibilidad universal para evitar la soledad no deseada, el aislamiento residencial y la institucionalización prematura.

• Lucha contra la pobreza energética: Garantizar ayudas públicas para eficiencia energética, ampliar el bono social, mantener moratorias frente a cortes de suministro e implantar una tarifa reducida para un consumo mínimo vital en suministros básicos.

• Digitalización inclusiva con atención presencial: Ofrecer capacitación tecnológica a las personas mayores y exigir por ley que la tramitación digital nunca sustituya por completo la atención presencial en servicios bancarios, sanitarios y de la administración pública.

Igualdad a lo largo de toda la vida y llamamiento a la movilización

Las desigualdades laborales, salariales y de cuidados sufridas durante la vida activa no pueden convertirse en una condena a la pobreza en la vejez. Defendemos políticas redistributivas, un sistema fiscal justo y el combate decidido contra el edadismo y la desigualdad de género, así como cualquier forma de discriminación por razón de edad.

Defender a las personas mayores es proteger el bienestar presente y futuro de toda la sociedad. Porque los derechos no se regalan, se defienden:

¡POR UNA VEJEZ DIGNA, CON DERECHOS Y AUTONOMÍA!

¡POR UN GRAN PACTO SOCIAL Y LA JUSTICIA INTERGENERACIONAL!

¡UGT y CCOO EN LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES!